La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculó al Partido Acción Nacional (PAN) con la trama de corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con el titular del organismo, Pablo Gómez, se logró acreditar la relación comercial de ese partido con empresas de las que presuntamente es socio mayoritario el exfuncionario de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, particularmente con la que identificó como “empresa madre”.
“Tenemos nosotros una operación el 24 de abril de 2015, SPEI quiere decir una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano del Partido Acción Nacional hacia Glac Security Consulting Technology Risk, que es propiedad de García Luna y de la familia de García Luna; un millón 160 mil pesos, moneda nacional. El conecte comercial que había entre Acción Nacional y Glac Security encabezado por García Luna no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se dice insistentemente”, remarcó el titular de la UIF.
Con esto, dijo, se cae el argumento de los miembros del PAN, de que no había ninguna relación con el exsecretario de Seguridad Pública.
“Se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no solamente hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tiene que ver con ideas, con planteamientos, con lo que sea, sino ya algo mucho más cercano, al grado de tener un vínculo comercial, digamos, un acto comercial que de todas maneras pues queda ahí para la historia, como todas las demás”, reiteró.
Sin embargo, el funcionario reconoció que no hay elementos, en este momento, para afirmar que se cometió un delito por parte de Acción Nacional.
“En este caso, yo no estoy diciendo que hay de seguro un delito; en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta”
A pesar de ello, acusó a la señora Linda Cristina Pereyra de mentir ante la corte de Nueva York, cuando testificó en favor de su esposo Genaro García Luna e involucró al priista Miguel Ángel Osorio Chong, durante el juicio que se le siguió al exsecretario por delitos relacionados con narcotráfico.
“Ahora, esto es pertinente por todo lo que se trató de utilizar de lo que se decía o no decía en el juicio de Brooklyn. Es decir, el único testigo de descargo o la única testigo de descargo de García Luna fue su propia esposa, para dar un testimonio enteramente falso. Ella está denunciada por el Gobierno de México, a través de la UIF, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos predicados (relacionados) al ORPI (operaciones con recursos de procedencia ilícita), al igual que del de varios de sus familiares que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de García Luna y de la Secretaría de Gobernación en la época de Osorio Chong”, aseveró Pablo Gómez.
Añadió que todas las investigaciones que lleva a cabo la UIF proporcionan indicios, pero no significa que sean pruebas que puedan ser utilizadas en un juicio para sancionar a presuntos infractores.
“El producto de inteligencia no es una prueba ante un tribunal en ninguna parte del mundo; es, digamos, uno de los elementos con el que funciona el sistema mundial de inteligencia financiera. Qué bueno que no lo es porque debe intervenir el Ministerio Público y convertir la información de inteligencia, que es exacta y proviene de la fuente original, convertirla, a través de la autorización del juez o del mandato judicial, en prueba plena en un tribunal de justicia; es así como funcionan las cosas”, abundó.
En el caso de los delincuentes financieros o de “cuello blanco”, como los nombra el Presidente, corresponde al Ministerio Público Federal verificar y convertir en pruebas válidas los indicios.
“El fiscal, que tiene toda esta información, es el que tiene que hacer la investigación. Vamos a decir, la UIF no hace investigaciones, recibe información y la analiza, y está a la disposición de las entidades que la necesitan, desde luego el Gobierno, el Ministerio Público en todos sus niveles, tanto federal como local; la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública; en fin, todo el entramado del Estado que requiere de información”, indicó.
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