Una de las mayores y más oscuras redes de corrupción de los últimos tiempos en México ha sido desmantelada.
El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa, fue acusado de presuntos desvíos millonarios de dinero que involucran al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los desvíos presuntamente involucran a los exgobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez (PRI); de Puebla, Mario Marín Torres (PRI); de Querétaro, José Calzada (PAN) y de Guerrero, Zeferino Torreblanca (PRD), entre otros.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), García Luna manejaba una red de corrupción que se beneficiaba con sobornos de narcotraficantes y con la distribución de recursos públicos entre los partidos políticos.
Los investigadores de la PGR indican que esta red de corrupción recibía sobornos de los narcotraficantes para permitir el tráfico de drogas y que habrían recibido cientos de millones de pesos en sobornos por parte de los líderes del Cártel de Sinaloa.
Los desvíos de recursos se habrían realizado principalmente a través de campañas electorales y contratos públicos en los estados mencionados, donde los exgobernadores serían los principales responsables de la entrega de los recursos.
La red de corrupción que manejaba García Luna también habría incluido el financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, según la PGR.
Los desvíos de recursos públicos han sacudido al país y se ha abierto una investigación profunda para esclarecer los hechos y determinar a los responsables.
También se revelan algunos hechos preocupantes sobre dos de los líderes políticos más importantes del país: Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera. Ambos son exfuncionarios de alto rango de dos de los principales partidos políticos de México: el PRI y PRD, respectivamente.
Osorio Chong, que fue el exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y Mancera, que fue el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, encabezaban instituciones públicas que, con toda presunción, desviaron grandes cantidades de dinero en beneficio propio.
Esto es algo gravísimo y pone en duda la legalidad de los procedimientos de contratación de ambos personajes.
Estas acusaciones tienen una gran repercusión en la opinión pública, ya que son los dos principales representantes políticos del país. Muchos ciudadanos se han pronunciado en contra de la corrupción y han exigido que se haga justicia y que los responsables sean castigados por sus actos.
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