El reporte sobre la desaparición de 23 turistas dio pie al hallazgo de más de 100 personas que se encontraban secuestradas, en su mayoría migrantes, además de poner en la mira el posible involucramiento de agencias turísticas en el traslado de migrantes y cuestionamientos sobre la política migratoria del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Las 23 personas salieron la noche del 3 de abril desde San Felipe, Guanajuato, con dirección hacia Saltillo, Coahuila, sin embargo familiares y la empresa que les rentó las camionetas para transportarse –Grupo Eiffel–señalaron que se dejó de tener comunicación con el grupo, por lo que fue presentada al día siguiente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
El 5 de abril la Fiscalía Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió un comunicado: afirmaron que se localizó a 16 personas originarias de Guanajuato, atribuyendo la desaparición a un presunto robo, pero afirmando que se encontraban bien.
“Se encuentran bien de salud, fuera de peligro, y ya de regreso con sus familiares, previa entrevista ante la Fiscalía”, indicó la dependencia, que afirmó estar en coordinación con su homóloga de Guanajuato. No obstante, esta versión fue desmentida por uno de los socios de Grupo Eiffel, quien negó que se hubiera localizado uno de los vehículos e informó que aún seguían sin tener comunicación con el grupo de personas, incluyendo los dos choferes que trabajaban para la empresa.
El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, anunció el envío de dos helicópteros a San Luis Potosí para buscar a los guanajuatenses desaparecidos. En este punto, en medios de comunicación se informó que las familias pagaron entre 60,000 y 70,000 pesos por cada persona por su rescate, pues se encontraban secuestrados, sin embargo hasta ese momento no había información oficial.
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