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El Salvador y sus siete mil familias sin reparación

Tras la liberación de miles personas, ONG denuncian que una de cada diez fue detenida injustamente por el Gobierno de Bukele durante el régimen de excepción, y piden reparación para las víctimas y sus familias.


Tras la entrada en vigor del régimen de excepción instaurado para combatir a las pandillas, el Gobierno de Nayib Bukele ha tenido que aceptar, indirectamente, que cometió graves errores.


Según admitió el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, hubo que liberar a más de siete mil personas, que fueron detenidas por la Policía o por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y encarceladas en prisiones desde donde llegan denuncias de tortura y cadáveres con señales de violencia. Todo, en poco más de un año.


Varias ONG han estado señalando violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de personas inocentes que, por vivir en comunidades vulnerables y estigmatizadas por la presencia de pandillas, son detenidas bajo acusaciones de ser parte del crimen organizado.


Estas personas son usualmente "trabajadoras y trabajadores agrícolas de las áreas rurales, de fábricas de maquila, de la empresa privada, del mismo Estado, y personas emprendedoras a las que el Estado financió préstamos bancarios y luego los priva de libertad", explica a DW Mauricio González, director ejecutivo de la organización defensora de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández.

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