Tras la liberación de miles personas, ONG denuncian que una de cada diez fue detenida injustamente por el Gobierno de Bukele durante el régimen de excepción, y piden reparación para las víctimas y sus familias.
Tras la entrada en vigor del régimen de excepción instaurado para combatir a las pandillas, el Gobierno de Nayib Bukele ha tenido que aceptar, indirectamente, que cometió graves errores.
Según admitió el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, hubo que liberar a más de siete mil personas, que fueron detenidas por la Policía o por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y encarceladas en prisiones desde donde llegan denuncias de tortura y cadáveres con señales de violencia. Todo, en poco más de un año.
Varias ONG han estado señalando violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de personas inocentes que, por vivir en comunidades vulnerables y estigmatizadas por la presencia de pandillas, son detenidas bajo acusaciones de ser parte del crimen organizado.
Estas personas son usualmente "trabajadoras y trabajadores agrícolas de las áreas rurales, de fábricas de maquila, de la empresa privada, del mismo Estado, y personas emprendedoras a las que el Estado financió préstamos bancarios y luego los priva de libertad", explica a DW Mauricio González, director ejecutivo de la organización defensora de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández.
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