Según información oficial, 84 entidades con menos de 5000 afiliados recibían miles de millones en perjuicio de las 207 restantes, con más socios; falta documentación sobre esas obras sociales en la Superintendencia de Salud; para el Gobierno, no buscaban agrandar sus plantillas con el objetivo de retener más fondos del Estado
Dar más a los que menos tienen suele ser la lógica aplicada para diseñar la distribución de un subsidio. En servicios públicos, por ejemplo, funciona con la regla de que a menores ingresos de los hogares, mayor subsidio en la tarifa. Dicho mecanismo en el mundo de las obras sociales podría aplicarse como: menos afiliados que significan menos ingresos, ameritan más fondos del Estado. Ese era el propósito de las transferencias automáticas de más de $210.000 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a dichas entidades. Sin embargo, el Gobierno realizó un cambio en el cálculo de esos fondos con el objetivo de eliminar “cajas negras” de organizaciones que, según fuentes oficiales, “se hacían pasar por obras sociales para cobrar subsidios del Estado”.
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